Am 8.Juni 2004 tagte die Normenkomission der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf zum Thema der Situation der Gewerkschaften und gewerkschaftlichen Freiheiten in Kolumbien.

Nachdem die Vertreter der kolumbianischen Gewerkschaften (CUT, CGTD und CTC) sowie die Gewerkschaftsvertreter aus den USA, Schwedens, Chiles, Swaziland und Pakistan gesprochen hatten, und auch der Sprecher der Gewerkschaftsvertreter, Vorsitzender des belgischen Gewerkschaftsbundes nahmen auch Vertreter diverser Regierungen und für die Unternehmerseite der Vertreter des niederländischen Unternehmerverbandes das Wort.

Am Ende dieser Diskussionen wurde die kolumbianische Regierung einhellig aufgefordert, die Realisierung der ILO Konvention 87, die die gewerkschaftlichen Freiheiten definiert, voranzutreiben. Als grosses Hindernis für ihre Verwirklichung wurde die Straflosigkeit für Paramilitärs hervorgehoben, durch die Morde an Gewerkschaftsaktivisten sanktioniert würden. Es wurde - auch vom Vertreter der Regierung der USA - darauf verwiesen, dass es auch kolumbianische Gesetzgebungen gäbe, die der Konvention 87 widersprächen. Der Vertreter der kolumbianischen CUT führte dazu aus, dass die Regierung - im Gegensatz zu den Definitionen der ILO - die gesamte Ölwirtschaft als lebenswichtigen öffentlichen Dienst behandeln würde, und somit ein Streikverbot in diesem Bereich erlassen.

Die Arbeitsgruppe forderte abschliessend den ILO Verwaltungsrat auf, eine offizielle Delegation nach Kolumbien zu entsenden, um die Lage zu untersuchen und nötige Massnahmen zu empfehlen.

LA COMISION DE NORMAS DE LA OIT URGE TOMAR MEDIDAS URGENTES PARA QUE SE CUMPLA EL CONVENIO SOBRE LIBERTADES SINDICALES (No. 87)

Hoy 8 de junio de 2004, se ha dado el debate sobre la situación de las libertades sindicales en Colombia, en el seno de la Comisión de Normas, que es una de las comisiones en las que se divide la 92 Conferencia Internacional del Trabajo, que sesiona entre el 1 y el 19 de junio en Ginebra.

Durante el debate intervinieron los delegados sindicales de Colombia (CUT, CGTD y CTC), de Estados Unidos, de Suecia, de Chile, de Swazilandia y de Pakistán, además del vocero del grupo trabajador, el Presidente de la Central Sindical Belga, quien expresó el punto de vista unificado de los delegados trabajadores de todo el mundo.

También hicieron uso de la palabra, además de la viceministra del trabajo de Colombia, Sra. Arango, los delegados gubernamentales de Estados Unidos, Irlanda (en representación de la Unión Europea), Canadá, China, Costa Rica, México, Brasil y Dinamarca (en representación de los países nórdicos Finlandia, Noruega, Islandia y Suecia).

Del grupo de los empleadores sólo intervino su vocero, el representante de la organización empleadora de los países bajos.

Al final del debate se concluyó, entre otros puntos, hacer un llamado de urgencia al gobierno de Colombia para aplicar plenamente el Convenio 87 que reconoce y protege las libertades sindicales. Como obstáculos para el ejercicio de las libertades sindicales, para cuyo ejercicio se reconoció que no había un clima favorable, se mencionó la persistente impunidad reinante en Colombia, por lo que respecta a los crímenes contra los sindicalistas.

Tanto la Unión Europea como los países nórdicos, expresaron su preocupación por la existencia de legislación interna Colombiana discordante con el Convenio 87 sobre libertades sindicales. En términos similares se expresó el delegado de los Estados Unidos. Los demás delegados gubernamentales, aunque no se refirieron expresamente al punto, se mostraron partidarios de respaldar al gobierno colombiano en la búsqueda de soluciones, sin recurrir a mecanismos internacionales de supervisión.

Los trabajadores denunciaron la existencia de un clima inadecuado para el ejercicio de las libertades sindicales, la negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga. Aunque se anotó como un hecho positivo la disminución en el número de personas asesinadas, se reconoció que las cifras (108 sindicalistas asesinados entre el 1 de mayo de 2003 y el 30 de abril de 2004 y 22 en lo que va corrido de este año) eran los suficientemente graves. Se mencionó con insistencia la declaratoria de ilegalidad de la huelga de Ecopetrol, como una de las más ostensibles violaciones de estos derechos por parte del gobierno colombiano con la complicidad del poder judicial. El presidente de la CUT expresó: “Otra de las arbitrariedades cometida por el Gobierno colombiano, ha sido la de decir que la actividad petrolera constituye un servicio público esencial. La OIT ha señalado en varias oportunidades que la extracción, distribución, producción, transporte y refinación del petróleo no puede ser considerado, en sí mismo, un servicio público esencial”

El grupo trabajador pidió al Consejo de Administración que envíe a Colombia una Comisión de Investigación y Conciliación, para establecer la verdad de la situación y acordar las medidas que permitan superar la situación de grave deterioro de las condiciones para el ejercicio de la actividad sindical en Colombia.