Vor der Menschenrechtskomission: Gewerkschaftsrechte unter Dauerangriff

Am 19. Juli präsentierten der Gewerkschaftsbund CSTS und das CEAL-Institut vor der panamerikanischen Menschenrechtskomission einen Bericht über die Verletzung von Gewerkschaftsrechten durch die Regierung. Der (spanische) "INFORME SOBRE PATRONES SISTEMÁTICOS DE VIOLACIONES DEL ESTADO DE EL SALVADOR A LOS DERECHOS LABORALES" wurde am 21. Juli 2006 von der CEAL vorgestellt.

INFORME SOBRE PATRONES SISTEMÁTICOS DE VIOLACIONES DEL ESTADO DE EL SALVADOR A LOS DERECHOS LABORALES

El pasado 19 de julio de 2006 en Ciudad de Guatemala, las organizaciones salvadoreñas; Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de El Salvador, CSTS y el Centro de Estudios y Apoyo Laboral, CEAL; presentaron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, durante el 125. período de sesiones, el documento denominado INFORME SOBRE PATRONES SISTEMÁTICOS DE VIOLACIONES DEL ESTADO DE EL SALVADOR A LOS DERECHOS LABORALES, CON ÉNFASIS EN EL DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA durante una audiencia temática solicitada para dicho fin.

Delegación de CSTS y CEAL en audiencia temática de la CIDH

Las organizaciones salvadoreñas describieron como la legislación doméstica presenta graves deficiencias en lo referido a la protección de miembros constituyentes y directivos sindicales frente a despidos patronales, en su calidad de defensores de los derechos de los trabajadores en el centro de trabajo. Posteriormente sus exposiciones también se centraron en las malas prácticas administrativas y judiciales del Estado de El Salvador que afectan gravemente el ejercicio de los derechos sindicales.

Las organizaciones peticionarias, describieron también hechos de violencia que han sucedido contra defensores de los derechos laborales, tales como el asesinato del sindicalista salvadoreño-estadounidense Gilberto Soto, la expulsión violenta e ilegal ordenada por el Presidente salvadoreño contra el médico ecuatoriano Pedro Banchón y el allanamiento de la sede de la CSTS el cual fue acompañado con la captura de uno de sus dirigentes a quien la Policía dio trata inhumano, cruel y degradante durante el procedimiento de captura y saqueo del local sindical. Los peticionarios recordaron que han solicitado medidas cautelares a la CIDH debido a estos hechos de violencia. Por su parte la delegación gubernamental conformada por el asesor presidencial Oscar Santamaría, y varios funcionarios del Ministerio de Trabajo; intentaron desvirtuar las alegaciones de los peticionarios.

Argumentando que las leyes salvadoreñas han sido reconocidas por la OIT como unas de las mejores de la región y que ninguno de los hechos de violencia tenían motivación sindical sino más bien eran casos de "delincuencia común"."Como Ministerio de Trabajo nos desvinculamos totalmente de esos hechos" agregó uno de los representantes del Estado salvadoreño, olvidando que ante la CIDH los funcionarios acuden precisamente en representación del Estado.Delegación del Estado Salvadoreño.

Las organizaciones peticionarias presentaron sólidos argumentos en como la OIT ha señalado que si bien es cierto en su espíritu las leyes salvadoreñas reconoce una amplia gama de derechos laborales, las mismas leyes en su parte operativa tienen graves deficiencias. Más grave aín, es que las prácticas administrativas y judiciales agravan los obstáculos al ejercicio de la libertad sindical y como ejemplo se citan una buena cantidad de casos en el informe entregado a la CIDH. El Estado tampoco pudo explicar a los comisionados cual es la base para imponer restricciones al derecho de huelga, más que; "así lo dice la Ley" a pesar que los Comisionados pidieron repetidamente una explicación más clara.

Comisionados de la CIDH durante audiencia temática sobre Derechos Sindicales en El Salvador.

Asimismo expusieron, que los casos como la expulsión del Dr. Banchón han sido en forma ilegal y arbitraria como ya lo ha señalado la OIT en una reciente resolución. Los peticionarios también mostraron un video con las acciones violentas de la Policía durante el procedimiento de expulsión del Doctor ecuatoriano. El representante del Estado nuevamente justificó en que el doctor se había "extralimitado en sus actividades sindicales". Esto le mereció el comentario del comisionado Victor Abramovich referente a que recién habían argumentado que el caso no tenía ninguna connotación antisindical.

Los peticionarios argumentaron que en base a las limitaciones legales y prácticas que El Estado salvadoreño impone al ejercicio de la libertad sindical, se vuelve imperativa la ratificación Convenios 87 y 98 de OIT, para dar fiel cumplimiento a la obligación del Estado de adecuar su legislación interna a los derechos reconocidos en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo pidieron a la CIDH que realice un Informe Especial sobre la situación de los Derechos Económicos y Sociales con énfasis en el Derecho de Sindicación y Libertades Sindicales, para tal efecto, propusieron que entre otras actividades de respaldo, realice una visita in situ.

Finalmente las organizaciones salvadoreñas pidieron que la Comisión exprese "Preocupación" por los hechos de violaciones a Derechos Humanos cometidos contra líderes sindicales en su carácter de defensores de Derechos Humanos y que se recomiende al Estado de El Salvador modificar todas aquellas conductas que afectan el derecho de los trabajadores y trabajadoras, tal es el caso de los vicios en los procesos Administrativos y judiciales.