La Agrupación de Ex Presos Políticos - Chile, Amnesty International-Sección
Chilena, la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU
y el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS,
expresan a la opinión pública sus planteamientos y resoluciones
en relación con la problemática de la tortura:
- La conciencia moral de la nación requiere el establecimiento de la
verdad y que se haga justicia sobre los casos de tortura ocurridos en Chile,
crimen de lesa humanidad cometido en forma sistemática en nuestro país
entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. De acuerdo al
estudio realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico
de Chile, alrededor de 400.000 personas se habrían visto afectadas
por este flagelo.
- Sólo a través del. conocimiento de la magnitud de este crimen,
de los daños causados a las personas objetos de tortura, a sus familias
y a la sociedad entera, se podrá contribuir a recuperar la integridad
y dignidad de los afectados.
- El reconocimiento por parte del Estado y la sociedad chilena de este crimen
es imprescindible para reparar los traumas físicos, mentales, morales
y sociales que constituyen sus secuelas.
- Por tanto, el Estado está en la obligación de terminar con
el silencio y la marginación en que los sobrevivientes de tortura han
vivido durante todos estos años.
- La demora en la investigación de este flagelo por parte del Estado
ha significado que este crimen no ha sido asumido en forma responsable por
la sociedad y, por lo tanto, la tortura reaparece cada cierto tiempo en forma
dramática y perseverante, como se observa hasta la actualidad.
- Es necesario que el Estado chileno cumpla con la obligación de respetar
la jurisdicción internacional y reconozca expresamente el crimen de
tortura como inamnistiable e imprescriptible.
- El derecho a la justicia y a la identificación de los autores de
este flagelo está garantizado a través de la Declaración
de Naciones Unidas sobre la Protección de todas las Personas contra
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la que
en su Art. 10 señala: "…Se incoará un procedimiento
penal contra el supuesto culpable o los culpables de conformidad con la legislación
nacional. … El supuesto culpable o culpables serán sometidos a
procedimientos penales, disciplinarios u otros procedimientos adecuados".
Por tanto, el Estado Chileno debe buscar vías procesales eficaces para
materializar esta obligación.
- La normativa internacional de derechos humanos exige, además, otorgar
una reparación integral a las víctimas de tortura. El Art. 14
de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas señala
que el Estado "…velará por que su legislación garantice
a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho
a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su
rehabilitación lo más completa posible".
- Además de la reparación moral y médico psicológica,
se requiere de una reparación jurídica, ya que muchos chilenos
fueron procesados y condenados en consejos de guerra y por los tribunales
militares y civiles a partir de "confesiones" obtenidas bajo torturas.
Este sólo antecedente debería bastar para que un Estado de Derecho
anule todos los procesos y condenas a estas personas. Ello significa que,
en la práctica, muchos ex prisioneros recuperarían sus derechos
civiles y políticos arbitrariamente conculcados hasta el día
de hoy, y el Estado chileno cumpliría con la obligación contraída
y contenida en el Artículo 15 de la Convención antes mencionada
que señala que "…ninguna declaración que se demuestre
que ha sido hecha como resultado de tortura puede ser invocada como prueba
en ningún procedimiento…".
- Se requiere de una reparación material que compense el daño
causado por torturas, prisión indebida, años de reclusión
y exilio (interior y exterior), ya que la exoneración y la interrupción
de estudios son algunas de las consecuencias que trajo aparejada la represión
política.
- Se requiere de una reparación social que posibilite la integración
a la sociedad de los ex prisioneros, a través de programas especiales
de inserción, de reconversión laboral y de estudios, entre otros.
Comunicamos a la opinión pública que, a fin de avanzar en el
cumplimiento de las tareas señaladas, se ha constituido la Comisión
Ética contra la Tortura, encabezada por las entidades arriba indicadas.
Esta Comisión iniciará un estudio cuantitativo de las situaciones
de tortura vividas en nuestro país así como de sus consecuencias
individuales, familiares y sociales, y elaborará propuestas destinadas
a la reparación del daño en todos sus niveles.
Un informe del trabajo que se realice será entregado al Presidente de
la República el próximo 26 de Junio, Día Internacional
de Apoyo a las Víctimas de Tortura con la petición que se cree
una Comisión Gubernamental, similar a la del Informe Rettig que de oficialmente
cuenta del alcance de este flagelo en nuestra historia reciente.
La Comisión Ética contra la Tortura recién constituida
cuenta con el respaldo de destacadas personalidades de intachable trayectoria,
en defensa de los derechos humanos y de la vida.
A la fecha han adherido a esta iniciativa
Padre José Aldunate
Padre Oscar Jiménez
Obispo Carlos Camus, de Linares
Obispo Fernando Aristía de Copiapó
José Galiano, Abogado
Andrés Aylwin, Abogado
Marís Inés Urrutía, religiosa, Pobl. La Victoria
Sergio Grez, Historiador
Juan Pablo Cárdenas, Periodista
Tomás Moulian, Sociólogo
Elías Padilla, Antropólogo
Jaime Escobar, Director de la Revista Reflexión y Liberación.
Juan Subercasseaux, Abogado
Manuel Jaques, Vicerrector de la Universidad Bolivariana
Mireya García, AFDD
Desde Alemania, país con vasta experiencia en el tratamiento y reparación
a torturados en los campos de concentración nazis, así como de
reconocimiento y reparación a las víctimas de los campos forzados
de trabajo, desertores y otros perseguidos por el nazismo, hemos recibido el
saludo y apoyo de:
Instituto de Teología Política de Münster, Alemania
Revista Solidadridad, Münster, Alemania
Knut Rauchfuss, Director del Centro PROMONDIAL, (Organización para una
Cooperación Emancipadora, de Bochum, Alemania.
Santiago, 10 de Marzo de 2001
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