| letzte Änderung am 28. Okt. 2002 | |
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Un grupo de familiares de obreros de Mercedes Benz secuestrados durante la dictadura presentará mañana una denuncia contra José Rodríguez, secretario general de Smata, y el actual canciller Ruckauf por asociación ilícita y homicidio. La querella se funda en una investigación alemana sobre la suerte de 14 obreros y el acoso por ganancias.
Un grupo de familiares de los obreros desaparecidos de la empresa Mercedes Benz durante la última dictadura denunciará mañana ante la Justicia Federal por asociación ilícita y homicidio al actual canciller, Carlos Ruckauf, y al secretario general de Smata, José Rodríguez. La querella se apoya en la investigación sobre la desaparición de 14 operarios de la firma automotriz que hizo la periodista alemana Gabriela Weber y plantea que este caso muestra que desde 1975 en Argentina "se recurrió a la violación de derechos humanos como forma de mejorar la rentabilidad de grupos económicos".
Un documento clave al que alude la presentación judicial es un informe de la propia Mercedes Benz Argentina que afirma que Ruckauf, cuando era ministro de Trabajo en 1975, pidió "eliminar a los elementos subversivos de las fábricas". El texto se refería a un conflicto laboral que atravesó la compañía en octubre de ese año y que terminó con el despido de 115 obreros que habían impulsado la huelga, entre quienes figuraba la mayoría de los trabajadores secuestrados con posterioridad. Los operarios que desaparecieron pertenecían –o apoyaban– a la comisión interna, conocida como grupo de los nueve, abiertamente opositora a Rodríguez.
Quien se hizo eco de aquel reporte de la Mercedes Benz, el 19 de mayo de 1976, fue Hans Martin Schleyer (ver datos aparte), directivo de la casa matriz de la automotriz en Stuttgart. Fue en una carta dirigida al Sindicato Industrial Metalúrgico alemán donde reproducía, a modo de comentario, las afirmaciones de la filial argentina, que decían que "los despidos mencionados eran pedido urgente del entonces ministro de Trabajo y de la dirección de Smata, que ha pedido más despidos todavía". La empresa alemana, a su vez, dejaba en claro su intención de "apoyar el esfuerzo" en aquel sentido tanto de Ruckauf como de Rodríguez.
La denuncia, a la que accedió Página/12, está encabezada por Gregorio Grieco, de 56 años, hermano de Miguel Grieco, que trabajaba en Mercedes Benz y desapareció el 14 de diciembre de 1976. La representación legal está a cargo del abogado Ricardo Monner Sans. Lo poco que Gregorio pudo conocer sobre lo que le ocurrió a Miguel es que aquel día se lo llevaron de su casa en Lomas del Mirador, donde estaba con su madre, y que junto con él también secuestraron a José Viccini, un compañero suyo de la fábrica. "Nunca supe toda la verdad, ni en qué campo de concentración estuvo ni qué pasó con él. Para mí es muy importante esta demanda penal. Es una deuda que tengo con mi hermano", explicó a este diario.
Gregorio Grieco no estará solo en la presentación judicial. Además de que lo acompañan otros familiares de obreros desaparecidos, la querella tiene el apoyo de una comisión de ex empleados de Mercedes Benz, de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y, desde Alemania expresó su adhesión en una carta dirigida a Monner Sans el grupo de Accionistas Críticos de Daimler-Chrysler, la casa matriz. "Nosotros apoyamos esta denuncia penal y esperamos que la verdad surja a través de ella y que los responsables de los crímenes sean juzgados", señalaron.
Buena parte del material contenido en la querella fue entregado por la periodista Weber en su última declaración ante la Cámara Federal de La Plata que sustancia el Juicio por la Verdad, que apunta a desentrañar el destino de los desaparecidos. En este juicio Rodríguez declaró dos veces, y en ambas oportunidades alegó que se enteró sobre la desaparición de personas recién en la década del ‘80, que antes sólo se había enterado de detenciones. Ruckauf nunca dio explicaciones ante ningún tribunal. Con la causa que se abrirá ahora en la Justicia Federal ambos serán juzgados por sus posibles responsabilidades penales. Los denunciantes evalúan que las figuras que correspondería aplicar –al actual canciller, al sindicalista y a todos los responsables que surjan– serían asociación ilícita y homicidio, sin descartar que se las tenga en cuenta en carácter de "agravado". Cualquiera de los dos delitos podría llevarlos a la cárcel. Según Weber, que lleva años investigando el tema, "es muy clara la complicidad que existía entre Rodríguez y la empresa, mientras que Ruckauf actuaba desde el Ministerio de Trabajo". La realidad es que por aquella época, "erradicar" a los dirigentes sindicales disidentes era una suerte de objetivo al que apuntaban en una suerte de misión común las empresas, el Gobierno y los sindicalistas tradicionales. Esa política venía acentuándose incluso desde un par de años antes del ‘75: los enfrentamientos políticos se traducían en despidos que terminaron integrando listas que usaron tanto la Triple A como los militares.
El texto de la denuncia recuerda que "el 6 de octubre de 1975, dos días antes de la huelga de los trabajadores de Mercedes Benz, Carlos Ruckauf, en tanto ministro de Trabajo, firmaba el decreto de ‘aniquilamiento’ de lo que se diera en categorizar como la ‘subversión’". También refresca que, en contra de lo que ha dicho Rodríguez en el Juicio por la Verdad, el ex obrero de la empresa Ford Argentina, Pedro Troiani, ha declarado que el sindicalista "tenía cabal conocimiento de cómo desaparecían trabajadores de empresas automotrices".
La complicidad de la Mercedes Benz en la desaparición de personas fue detallada en las declaraciones de los únicos dos sobrevivientes entre los operarios de la empresa que fueron secuestrados, Juan José Martín y Héctor Ratto, detenidos y torturados en dependencias de la policía bonaerense. Ratto, por ejemplo, dijo que en un intento por detenerlo en la fábrica un gerente de la firma, Juan Ronaldo Tasselkraut, en su presencia, facilitó a las fuerzas represivas la dirección del trabajador Diego Núñez, detenido esa misma noche y desaparecido desde entonces. Los dos testimonios fueron incorporados al juicio por las víctimas del terrorismo de Estado de origen alemán que lleva adelante la fiscalía de Nuremberg.
El nuevo planteo judicial apunta a demostrar la acción entrelazada del poder político y el poder económico. "El ‘aniquilamiento’ –dice– al que hizo referencia" el decreto de Ruckauf "fue directamente el propósito de liquidar toda forma de dignidad que protegiera elementalmente a los trabajadores. Ese aniquilamiento humano permitió, facilitó, auspició, la ganancia mayor de, entre otras, la empresa Mercedes Benz". "La doctrina de la ganancia ha sido reconocida en la declaración de Tasselkraut", agrega. En cuanto a Rodríguez, puntualiza que "la dictadura militar dio el visto bueno para que continuara con su tarea internacional" como vicepresidente de la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas.
El grupo de "los nueve"
Smata y Ruckauf, por deudas viejas
Ricardo Hoffmann, de 50 años, era operario de Mercedes Benz en 1975. Hace tres años se juntó con un grupo de otros ex trabajadores de la fábrica de Cañuelas con quienes empezó a intentar reconstruir la desaparición de sus compañeros. Funcionan como una suerte de comisión permanente y se hacen llamar "los nueve", como la vieja comisión interna enfrentada con Rodríguez. Desde que comenzaron a trabajar pudieron recolectar documentación que aportaron en el juicio por la Verdad en La Plata, y que complementaron con la investigación realizada por Gabriela Weber. "Para nosotros la posibilidad de que ahora exista una denuncia penal implica reforzar nuestra búsqueda de una justicia real. Estamos seguros, además, de que los intereses por los que desaparecieron nuestros compañeros fueron empresarios, no exclusivamente ideológicos", dijo Hoffmann.
El comandante de Praga
Smata y Ruckauf, por deudas viejas
Hans Martin Schleyer, el directivo de Mercedes Benz de Alemania que aparece rescatando en una carta la intención de Ruckauf de "eliminar a los elementos subversivos de las fábricas", fue el último comandante de las SS en Praga durante la Segunda Guerra Mundial. Está involucrado en una masacre en los días finales de la guerra, pero nunca fue procesado. Como muchos otros nazis, Schleyer hizo carrera en la industria alemana y llegó al directorio de la Daimler-Chrysler. Fue durante muchos años presidente de la patronal industrial, según explicó la periodista Weber. En setiembre de 1977, fue secuestrado por el grupo guerrillero Fracción del Ejército Rojo (RAF) que, al hacerlo, asesinó a sus tres guardaespaldas y al chofer. Pedían a cambio la liberación de la cúpula de la guerrilla, que estaba en una prisión de alta seguridad en Stuttgart-Stammheim, pero el gobierno alemán no cedía. Un mes después, secuestraron un avión de España, con turistas y volvieron a pedir la libertad de sus compañeros. Tres de los cuatro secuestradores fueron asesinados y tres de los cuatro guerrilleros presos también murieron ese día. El cadáver de Schleyer fue hallado cerca de la frontera con Francia en el baúl de un auto, con dos tiros en la nuca.
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